El relator de la ONU sobre el derecho a la salud, Dainius Puras, pidió a Paraguay que despenalice el aborto en los casos de violación y abuso sexual.
Se debe tener especial atención a los embarazos en niñas de 10 a 14 años de edad, que afectan a cerca de 700 menores cada año en el país suramericano.
Puras afirmó en una rueda de prensa que Paraguay debe «revisar su ley», que solo permite el aborto en caso de que la vida de la madre corra riesgo, para autorizar además la «interrupción terapéutica del embarazo» en casos de «violación e incesto, y cuando la vida del feto no es viable».
Dijo que el país suramericano continúa con una legislación «extremadamente restrictiva» con el aborto, y al mismo tiempo con una «epidemia» de violencia sexual, que afecta de manera especial a niñas y adolescentes.
«Niñas de muy corta edad se ven obligadas a continuar con embarazos de alto riesgo con un impacto perjudicial y duradero en su salud física y mental (…). Niñas de 10 a 14 años se ven forzadas a sufrir embarazos y maternidades no deseadas cada año», expuso el relator, quien concluyó hoy su primera visita a Paraguay.
Puras se refirió de manera especial al conocido como caso de la niña Mainumby, una menor de 10 años que quedó embarazada como consecuencia de una violación presuntamente perpetrada por su padrastro, y que dio a luz el pasado mes de agosto.
«Es necesario cambiar las leyes, no porque haya un solo caso escandaloso y mediático, sino por las 700 niñas de 10 a 14 años embarazadas cada año en Paraguay», acotó.
Añadió que el cambio legislativo permitiría «frenar la criminalización» que afecta tanto a los profesionales sanitarios que practican abortos, como a las madres de las menores embarazadas.
«La penalización del aborto solo conduce a prácticas clandestinas e inseguras, y expone a mujeres y niñas a peligros adicionales, violencia y estigma con un impacto negativo en su salud (…). Muchas niñas y mujeres jóvenes mueren a causa de complicaciones relacionadas con abortos clandestinos cada año en Paraguay», expuso Puras.
Agregó que las complicaciones derivadas de embarazos precoces también engrosan las cifras de mortalidad materna y neonatal en Paraguay, que sigue teniendo una de las tasas más elevadas de la región, pese a campañas y planes gubernamentales que han reducido el número de muertes maternas en un 30 % desde 2014, según ilustró.
El relator aseguró que Paraguay debe analizar las causas de los embarazos precoces y prevenirlos a través de políticas de educación integral de la sexualidad.
Destacó que la ausencia de educación sexual en las escuelas «impide que los niños y niñas tengan acceso a información necesaria para tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva», y contribuye a la «alta prevalencia de embarazos no deseados y el alto riesgo de propagación de enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA».
Alertó además de la «fuerte influencia de grupos e ideas religiosas en el sistema escolar», donde los estudiantes «están siendo provistos de información no científica e imprecisa sobre su salud».
Por otra parte, celebró que el Congreso paraguayo esté tramitando un proyecto de Ley de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia, como un instrumento para combatir la «prevalencia generalizada» del abuso sexual y otras formas de violencia contra la mujer, incluyendo la violencia doméstica.
Según las cifras oficiales, un total de 684 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz bebés vivos en 2014, embarazos considerados como fruto de abusos sexuales, mientras que 20.009 adolescentes entre 15 y 19 años fueron madres en ese mismo año.
Además, según los últimos datos disponibles en el Ministerio de Salud Pública, en 2009 un total de 8.660 mujeres estuvieron hospitalizadas por un aborto.
Por otra parte, más de 400 niños y adolescentes fueron víctimas de abusos sexuales en los primeros cinco meses de 2015, según cifras oficiales. EFE