El tribunal resolvió absolver a Sandoval tras considerar que no estaba probada la acusación hecha por el Ministerio Público, que pedía 25 años de cárcel para la mujer.

Sandoval fue acusada por la Fiscalía de matar a su marido en febrero de 2011 y desde entonces ha estado en la cárcel sin haber sido condenada.

La postergación de su juicio la ha mantenido presa sin ver a sus dos hijos menores de edad, que viven con los abuelos paternos.

Según su testimonio, su marido le esperó el día del suceso borracho y con un arma en la casa, cuando tenía una orden de alejamiento, e intentó asesinarla. En el rifirrafe, el arma se disparó por accidente y el hombre cayó herido, falleciendo poco después.

El abogado defensor Jorge Bogarín destacó que las pruebas periciales del propio Ministerio Público demuestran que quien disparó el arma fue el hombre, con la mano derecha, mientras que la mujer no tenía restos de deflagración, y que el impacto entró por el pecho del marido desde menos de 10 centímetros de distancia.

«¿Es punible Lucía Sandoval? ¿Cual es la acción imputable a Lucía? No se ha probado que Lucía ha efectuado el disparo. No hay acción», dijo Bogarín.

La audiencia se llevó a cabo ante un nutrido grupo de representantes de ONG como Amnistía Internacional, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) y otras que defienden la inocencia de Sandoval y denuncian que el Ministerio Público no toma en cuenta que ella y sus hijos eran víctimas de malos tratos por parte del marido.

La Fiscalía insistió en la culpabilidad de Sandoval considerando que la mujer provocó la muerte «por celos», aunque no dio más detalles, y pidió 25 años por homicidio doloso agravado.

Según dijo a Efe Romina Rolón, una de las abogadas de la defensa, existe una prueba científica «irrebatible desde el punto de vista procesal» que demuestra la «ausencia de rastros de deflagración en las manos» de Sandoval.

Cladem denunció que la primera irregularidad del caso de Sandoval fue que el sistema judicial no cumplió con las medidas de protección que le correspondían a la mujer, cuando un juzgado había emitido una orden de alejamiento al marido tras las denuncias de ella.

La organización también destacó que el juzgado entregó a Sandoval la orden de alejamiento en lugar de enviar a la Policía para dársela al marido.

Cladem Paraguay pidió la libertad de la acusada y destacó que «la Fiscalía ha violado el principio de objetividad al ofrecer sólo las pruebas de cargo y no las de descargo, y ha evitado admitir la condición de víctima de violencia de Lucía Sandoval que está acreditada en la causa».

Las organizaciones consideran este proceso de «mucha sensibilidad y repercusión social porque el caso es paradigmático» de la situación de violencia intrafamiliar que viven miles de mujeres paraguayas.

La Encuesta sobre Violencia Intrafamiliar basada en Género reveló que alrededor del 88,9 % de las mujeres en Paraguay han sufrido violencia física intrafamiliar más de una vez, según Cladem.

Según la Dirección General contra la Violencia a las Mujeres, en lo que va de año se han producido 517 nuevos casos de víctimas de violencia machista en Paraguay que se suman a otros 587 a los que hacen seguimiento desde el Servicio de Asistencia a la Mujer (Sedamur). EFE