Los concentrados exhibían carteles con el lema «Ninguna niña debe ser madre», en alusión al caso de la niña paraguaya de 10 años presuntamente embarazada por su padrastro, que se conoció hace casi un mes y ha abierto en el país el debate sobre el aborto.

La pequeña, encinta de cinco meses, está en un hospital de la Cruz Roja en Asunción, mientras la madre y el padrastro están en la cárcel.

«El artículo 109 del Código Penal paraguayo permite interrumpir el embarazo cuando existe riesgo para la vida de la madre. Todos los embarazos en menores de 15 años conllevan un riesgo cinco veces mayor de que la madre muera en el parto, por lo que se debe permitir el aborto en estos casos para proteger a las niñas», dijo a Efe Ana Sofía Suárez, representante de Avaaz.

Suárez manifestó su postura a favor de que se permita el aborto en todos los casos si el embarazo es la consecuencia de una violación, para «impedir que la mujer vuelva a sufrir otro abuso, el de que se le obligue a dar a luz».

La movilización coincidió con una audiencia pública, no vinculante, en el Congreso paraguayo en la que se sometió a debate la modificación del Código Penal en lo referente al aborto y la eutanasia.

La discusión se centró en el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, y contó con la participación de representantes de la Iglesia Católica y agrupaciones en defensa de la familia tradicional, en contra de despenalizar el aborto, y movimientos feministas y de activistas en defensa de los derechos humanos, a favor de la reforma penal sobre este tema.

Lilian Soto, médico y excandidata a la presidencia de Paraguay por el partido feminista Kuñá Pyrendá, dijo a Efe que es necesaria «la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación, y sin restricciones en el caso de embarazos en niñas y adolescentes, producto de una violación o con feto inviable».

Explicó que en Paraguay se practican al año «cerca de 50.000 abortos», si se extrapolan los datos recabados en América Latina, pese a que la ley actual sólo lo permite si hay riesgo para la vida de la madre.

«El aborto penalizado supone una discriminación. Las mujeres con más recursos podrán interrumpir su embarazo en condiciones seguras, pero aquellas que no dispongan del dinero lo harán de cualquier manera y pasarán a engrosar la lista de muertes maternas», explicó Soto.

En cuanto a los embarazos infantiles, Soto aseguró que «sólo pueden entenderse en el contexto de una violación», y la mayor parte de las niñas «son obligadas a proseguir con el embarazo».

Colectivos de derechos humanos presentaron miles de firmas frente al Congreso pidiendo al Gobierno que proteja la vida de la niña de diez años embarazada, presuntamente violada por su padrastro. El caso de la niña paraguaya embarazada de cinco meses se conoció en el país suramericano después de que fuera con su madre a un hospital de Asunción, donde se le diagnosticó el estado de gestación. EFE

Por su parte, Rosalía Vega, directora ejecutiva de la organización Amnistía Internacional en Paraguay, dijo a Efe que la ONG solicita «un aborto legal y seguro en todos los casos, en especial para las víctimas de violación o de incesto, y las mujeres y niñas cuyo embarazo supone riesgo para su vida».

Vega recordó que un promedio de dos niñas de 10 a 14 años dan a luz cada día en Paraguay, lo que supone un «grave problema de salud pública» que debe resolverse con «el acceso a la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo» y con una «educación sexual integral».

Según las cifras de 2014, que todavía son provisionales, 684 niñas de edades entre 10 y 14 años dieron a luz en Paraguay, mientras que unos 20.000 de los alumbramientos fueron de adolescentes de 15 a 19 años. EFE

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Sin embargo, Qin explicó que ella y su esposo, Meng Shaoping, habían recibido autorización para ese hijo por parte de la provincia de Anhui (este), donde tienen registrada su residencia familiar habitual.

Este es el segundo matrimonio de la pareja, y cada uno de ellos tiene ya descendiente de la anterior relación, por lo que ambos querían un hijo conjunto, añadió.

Qin, de 35 años, explicó que para tener su segundo hijo tiene dos opciones: intentar lograr el permiso especial de maternidad de la provincia de Guizhou o abandonar su trabajo actual y volver a Anhui, donde asegura que «es muy difícil encontrar un empleo».

Este caso se produce mientras China sigue un paulatino proceso de relajamiento de su política del hijo único y sus excepciones, pero también refleja las diferentes normas que ponen en marcha las autoridades provinciales para hacer cumplir las decisiones del Gobierno central. EFE

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Los partidos conservadores proponían retirar la interrupción voluntaria del embarazo de las prestaciones reconocidas dentro del esquema básico del seguro de salud que cada persona residente en Suiza está obligada a contratar de manera individual.

Once años después de la despenalización del aborto en Suiza, los votantes optaron de forma masiva por mantenerla como una prestación médica esencial, cuando se trata de interrupciones en las primeras doce semanas de gestación.

La paciente, asimismo, debe pasar antes por una entrevista con un médico, quien está obligado a mencionarle otras alternativas posibles.

Los medios políticos que plantearon esta cuestión en el referéndum que se celebra en Suiza argumentaban que el aborto es una cuestión privada, vinculada a la libertad de conciencia, y que además tiene un costo elevado para el sistema sanitario (entre 500 y 800 euros por paciente).

Por ello, sólo reconocían la necesidad de financiar el aborto en casos en que la vida de la madre estuviese en peligro o en caso de violación.

En 2012, se practicaron cerca de 11.000 abortos en Suiza, lo que corresponde a siete intervenciones por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, una de la tasas más bajas de Europa.

Las Iglesias católica y protestante decidieron no apoyar la propuesta porque, aunque están de acuerdo con el fin de proteger la vida, consideran que no es apropiado hacerlo vinculándolo al dinero. EFE

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