La ley es el principal antídoto contra la ablación, que sufren tres millones de adolescentes cada año en África, según activistas consultadas por Efe con motivo del Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina.

Las calles de Nairobi se quedan desiertas durante las Navidades, pues familias enteras aprovechan las vacaciones escolares para volver a sus localidades de origen, a menudo alejadas de la capital.

Al abrigo de la comunidad, la ablación sigue siendo una práctica arraigada que marca todavía el tránsito social de niña a mujer tras la llegada de la menstruación, pese a su impopularidad creciente en Kenia, explica la responsable de programas de la ONG Equality Now («Igualdad Ahora») en el continente, Grace Uwizeye.

Algunas menores consiguen huir a refugios como el de Agnes Pareyio, una mujer de la etnia masai que en su día no pudo escapar a la ablación y que fue elegida por Naciones Unidas «Mujer del Año» en 2005 por su labor en el centro que dirige en Narok (suroeste de Kenia).

Pareyio explica a Efe que, gracias a su colaboración con la ONG española Mundo Cooperante, el centro de acogida cuenta también con una escuela, donde las alumnas aprenden a defenderse ante sus padres contra la mutilación genital femenina.

Con todo, Kenia es uno de los países que más ha avanzado en la lucha: si hace una década el 38 por ciento de las kenianas había sufrido la ablación, en la actualidad la padece el 27 por ciento.

«En Kenia han funcionado las leyes contra la mutilación genital femenina: el presidente (del país) la critica y se esté empezando a arrestar a acusados, a llevarlos ante los tribunales y a rescatar a las chicas en riesgo», relata la portavoz de Equality Now.

La ley keniana que prohíbe la ablación, de 2011, prevé penas de tres años de cárcel y elevadas multas para los autores, que se arriesgan a la cadena perpetua si la niña muere tras la intervención.

«En países como Kenia y Burkina Faso, la práctica se está reduciendo, pero en otros como Egipto o Mali sigue igual. Estamos intentado ver qué ha funcionado en estos países para atajarla en otros», indica Uwizeye, cuya organización defiende los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de niñas y mujeres.

La ley también podría ayudar en Gambia, donde la condena en España a un matrimonio gambiano que sometió a sus hijas a la ablación durante unas vacaciones, ha servido para «dar ejemplo», según la activista de ese país africano Isatou Tourey.

«Fue algo que celebramos. Si violaron las leyes españolas, debían ser castigados», dice la gambiana en alusión a la condena a 24 años de cárcel impuesta el pasado mayo a los progenitores de las dos menores, de 11 y 6 años, cuya mutilación fue descubierta en una revisión médica en España.

Según Tourey, la noticia «tuvo un gran impacto en la costumbre de traer niñas a Gambia para ser mutiladas».

La mutilación genital femenina se practica sobre todo en África, en un total de 28 países, y se espera que más de 30 millones de niñas sean mutiladas en la próxima década, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

En el interior de cada país, el éxito de los avances de la lucha contra ese problema es desigual, advierte la responsable de Uwizeye.

Así, el 98 por ciento de las niñas somalís que viven en Kenia sigue padeciendo la mutilación de su clítoris, porcentaje que desciende al 72 por ciento entre la etnia masai.

«No creo que la religión sea la principal barrera contra la eliminación de la mutilación genital femenina. Se trata de la cultura», dice la activista de Equality Now.

Las comunidades somalís, malienses o egipcias con frecuencia justifican la mutilación genital como un «requisito religioso».

«Pero no está escrito en el Corán, solo es una practica cultural que han adoptado, se ha convertido en parte de ellos y ahora creen que es un requisito religioso», aclara la representante de la ONG.

La lucha contra la ablación no se ganará solo con las leyes, advierte Grace Uwizeye: «educación, sensibilización…tenemos que utilizar todas las estrategias a nuestro alcance».

No obstante, insiste, «la ley sirve para dar un ejemplo y para que la comunidad se dé cuenta de que el asunto es grave». EFE

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