El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) recomendó a Perú que extienda la legalización del aborto en casos de violación, incesto o severa malformación del feto, y que elimine todas las leyes punitivas contra mujeres que han interrumpido su embarazo.
Perú fue examinado el pasado 1 de julio por las representantes de la CEDAW y hoy se conocieron las conclusiones finales de este estudio en el que se pone especial énfasis en el tema del aborto.
Actualmente, el aborto en Perú es legal sólo cuando la salud o la vida de la mujer está en riesgo pero no en casos de violación.
El informe recuerda que el aborto ilegal es una de las causas más importantes de mortalidad materna, es por eso que recomienda a Perú que «extienda la legalización del aborto en casos de violación, incesto y severa malformación del feto».
Asimismo, el Comité solicita a Lima que «elimine todas las medidas punitivas contra las mujeres que han pasado por un aborto, incluyendo la armonización de la Ley General de Salud y el Código Penal con el derecho Constitucional a la privacidad».
El Comité «toma nota» del anuncio gubernamental de adoptar un protocolo nacional para la prestación de servicios de abortos legales que provea claridad para los médicos y pacientes sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en el país.
Haciéndose eco de ello, el Comité pide que se forme a todo el personal médico para que tenga claro el marco legal y en la práctica ofrezca los servicios a los que las mujeres tienen derecho, y recuerda la obligación de Lima de proporcionar suficientes servicios disponibles para todas aquellas personas que quieran interrumpir legalmente su embarazo.
Asimismo, el informe solicita a Perú que se asegure que el ejercicio de la objeción de conciencia por parte de los médicos no impide a las mujeres su derecho al acceso a la salud reproductiva y a los servicios de atención, incluyendo el aborto.
Según la organización Center for Reproductive Rights, Perú tiene las tasas más altas de violaciones reportadas en Sudamérica, y las niñas y adolescentes peruanas representan una proporción abrumadora (78 por ciento) de los casos de violaciones, unas menores a las que se les prohíbe la distribución de anticoncepción de emergencia.
Precisamente, en sus conclusiones el Comité solicita a Perú que se asegure de que se distribuyen anticonceptivos de emergencia entre todas las mujeres que lo soliciten, especialmente las que han sido víctimas de abuso sexual.
En este sentido, el Comité solicita a Lima que adopte «con urgencia» una ley transversal que combata la violencia contra la mujer, proteja a las víctimas, persiga y castigue a los responsables, y otorgue reparaciones.
El grupo, además, recuerda al Gobierno peruano que en su anterior informe ya recomendó la aplicación de la ley contra el tráfico de personas para evitar este flagelo, que afecta especialmente a las mujeres.
Finalmente, el Comité denuncia que en Perú «la discriminación contra las mujeres y los estereotipos de género están muy integrados en la cultura tradicional, en las prácticas institucionales y en la sociedad en su conjunto, lo que provoca que las mujeres no puedan disfrutar de sus derechos y contribuye a altos niveles de violencia contra las mujeres». EFE