Una propuesta para legalizar la venta de la píldora «del día después» ha vuelto a revivir el debate en Honduras, donde la Iglesia Católica la considera abortiva y organizaciones feministas afirman que contribuirá a prevenir embarazos no deseados en mujeres víctimas de violación.
El debate surgió a finales de marzo pasado cuando el diputado oficialista Antonio Leva, que también es ginecólogo, presentó un proyecto en el Congreso Nacional orientado a derogar un decreto, votado en 2009, que prohíbe el uso de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE).
Leva, parlamentario del Partido Nacional, dijo la semana pasada a periodistas que la iniciativa busca suspender la prohibición del uso de esa píldora que, afirmó, «no atenta contra la vida».
La presidenta del Comité de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, Gladys Lanza, coincidió con Leva al manifestar a Efe que la PAE, conocida como «píldora del día después», «no es abortiva» y que «no existe evidencia científica que concluya que la anticoncepción de emergencia tiene efectos sobre un ovulo fecundado».
Esa píldora, según Lanza, es «el único método que puede utilizar una mujer para evitar un embarazo producto de una violación».
Siete organizaciones feministas de Honduras coincidieron con Lanza señalando que prohibir la comercialización de esa pastilla es «una violación» a sus derechos y que esto ha «reducido» sus capacidades de decidir sobre sus cuerpos, sexualidad y reproducción.
«Hay evidencia científica de que las pastillas anticonceptivas no tienen efecto alguno sobre la fecundación, es decir que no promueven, ni inducen al aborto», indicaron las organizaciones feministas mediante un comunicado al que tuvo acceso Efe.
Lanza y las organizaciones feministas consideran que la píldora ayudaría también a disminuir la mortalidad materna, que en 2013 fue de 76 por cada 100.000 embarazos, e instaron a los diputados a que «deroguen» el decreto ejecutivo que prohíbe y penaliza la anticoncepción de emergencia.
Ese decreto fue aprobado en 2009 durante el régimen de facto de Roberto Micheletti, que reemplazo a Manuel Zelaya, tras el golpe de Estado del 28 de junio de ese año, bajo el argumento de que la anticoncepción de emergencia es abortiva.
El proyecto ha generado encontradas reacciones, entre ellas, del arzobispo de Tegucigalpa, cardenal Oscar Andrés Rodríguez, que considera que la pastilla es «abortiva».
Legalizar el uso de la PAE sería una «agresión contra la vida (porque) no es matando como se previenen embarazos en niñas adolescentes, es educando», subrayó en días recientes el jerarca católico en una homilía.
El proyecto, que fue trasladado a la Comisión de Salud del Congreso Nacional para que lo analice, también es defendido por organizaciones de la sociedad civil y gremios profesionales.
Para Omar Rivera, director de la Organización de la Sociedad Civil, que aglutina a más de 20 instituciones, la píldora «no es un fármaco con propiedades abortivas, sino un método de anticoncepción de emergencia que contribuye al pleno ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres».
Honduras registró en 2013 unos 50.000 embarazos de adolescentes, 50 % de ellos originados en violaciones, muchas de ellas por sus familiares, según organismos de derechos humanos.
El Colegio Médico y la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Honduras, por su parte, afirmaron esta semana en un comunicado que la anticoncepción de emergencia «no es abortivo» y que es «un método seguro para la salud de las mujeres».
Además, subrayaron que la píldora de emergencia «no produce ningún tipo de daño a un embarazo en curso» y que «no tiene ningún efecto en la fertilidad futura» de las mujeres.
Los especialistas señalaron que la «píldora del día después» no debe confundirse con las píldoras abortivas, pues su función es reprimir la ovulación en la mujer y que debe administrarse en las primeras 72 horas después del acto sexual. EFE