La violencia contra las mujeres está vinculada a factores de desigualdad económica, social y cultural, afirmó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en un informe presentado este sábado en México.
Esta conclusión se desprende del último estudio anual del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la organización, presentado en el marco del XV Encuentro Internacional de Estadísticas de Género realizado en la ciudad mexicana de Aguascalientes.
El organismo afirmó que la autonomía de la población femenina en la región se ve amenazada por la alta proporción de mujeres sin ingresos propios.
Ante este escenario, la Cepal planteó «el desafío de evaluar si los programas de empoderamiento económico que se instalan en distintos países contribuyen o no a la eliminación de la violencia y sus causas a corto y largo plazo»
El documento también alerta sobre la ausencia, heterogeneidad y dispersión de las estadísticas sobre violencia en la región, aunque tiene en cuenta algunas cifras nacionales sobre el problema.
Los datos indican que el año pasado, 88 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en Colombia, 83 en Perú, 71 en la República Dominicana, 46 en El Salvador, 40 en Chile, 25 en Uruguay, 20 en Paraguay y 17 en Guatemala.
En el caso de México, 63 de cada 100 mujeres han padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja u otra persona, mientras que en Ecuador ha ocurrido en 60 de cada 100.
La violencia contra las mujeres ha ocurrido «con mayor frecuencia entre quienes tienen o han tenido pareja, casadas, unidas, separadas, divorciadas o viudas», de acuerdo con el reporte.
Cepal también resaltó las dificultades para obtener información confiable y oportuna y para encontrar estadísticas de violencia contra mujeres indígenas y afrodescendientes.
«Datos disponibles indican que en Ecuador y Perú alrededor de 38 % de las mujeres indígenas ha sufrido alguna vez violencia física o sexual a manos de su pareja. Esta situación alcanzaría a 24 % de las mujeres indígenas en Guatemala y 20 % en Paraguay», indicó.
Cepal destacó el hecho de que Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú hayan tipificado el feminicidio en sus legislaciones.
No obstante al avance normativo, la Cepal advirtió sobre la falta de políticas públicas e instituciones capaces de asegurar su efectiva aplicación en los países.
«A esto se suma que las normas se concentran en el castigo de los agresores, sin atender los distintos factores que inciden en la violencia contra las mujeres, entre ellos, la desigual distribución del trabajo, en especial del doméstico no remunerado», apuntó.
Entre sus recomendaciones, la Cepal pidió fortalecer los mecanismos de atención en salud; asegurar el financiamiento adecuado de las políticas públicas, las instituciones y los sectores involucrados en las iniciativas para la erradicación de la violencia contra las mujeres. EFE