La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos han criticado durante décadas al Gobierno chino por la imposición de trabajos forzados (en muchas ocasiones sin sentencia judicial), el extendido uso de la pena de muerte (también en delitos no violentos) o los abusos en la política del hijo único (abortos y esterilizaciones forzosas).
En el caso de la abolición de los campos de trabajo (conocidos en China como «laogai») y la reducción de la pena de muerte, el documento del PCCh asegura que son pasos adelante para «mejorar la protección de los derechos humanos» y los sistemas de corrección, castigo y reinserción de delincuentes.
Además, el país «trabajará para prohibir la obtención de confesiones mediante la tortura y el abuso físico» y se pedirá a los tribunales que sean estrictos y no acepten evidencias obtenidas ilegalmente.
En un país donde muchos abogados suelen ser perseguidos por su defensa de los derechos humanos, el PCCh señala que los letrados «jugarán un importante papel en la protección de los derechos legales y los intereses de los ciudadanos» y sus derechos a la práctica legal «serán protegidos».
En lo que respecta a la ley del hijo único, iniciada a finales de los 70 para frenar la superpoblación de China, el Partido Comunista promete que el país relajará la política «autorizando a tener dos hijos» si uno de los cónyuges no tiene hermanos, lo que podría afectar a millones de parejas.
En todo caso el país mantendrá «la política básica de planificación familiar», señala el comunicado, que también habla de ajustes graduales de la polémica ley del «hijo único».